La Universidad Pública es del Pueblo, no del capital

Nicole M. Díaz González

Todas las denuncias del movimiento estudiantil acerca de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tienen un denominador común: que la administración de la UPR no responde a los mejores intereses de la comunidad universitaria y de su verdadero dueño, el Pueblo Trabajador.

¿Qué beneficio tiene para la comunidad universitaria el que dos centenares de aspirantes a zombies asesinos, pagados por el imperialismo estadounidense, practiquen la obediencia en nuestro Complejo Deportivo del recinto de Río Piedras? Ninguno. Al contrario, tal como ha quedado evidenciado, este tipo de entrenamiento lo único que promueve es la deshumanización y el secuestro de las conciencias de nuestros jóvenes con tal de que puedan seguir órdenes macabras sin cuestionar. Este tipo de “filosofía” homogenizante y represiva en nada se asemeja a las aspiraciones de una Universidad que busca promover el humanismo, la diversidad y el libre intercambio de ideas.

Por otro lado, ¿qué beneficio tiene para la comunidad universitaria el recorte de $100 millones de dólares al presupuesto de la UPR para evitar un déficit que fue provocado, a su vez, por la aprobación de la Ley #7 de Emergencia Fiscal que tan nefasta ha sido para el pueblo trabajador? Ninguno. En cambio, según los primeros detalles que se han informado sobre la propuesta, los recortes propuestos afectarían gravemente la capacidad del sistema universitario para adquirir materiales esenciales como libros y equipo; pondrán en juego la cobertura de salud de los empleados y debilitarán aún más la oferta académica en nuestros recintos.

Sin embargo, mientras la calidad de la educación y de los servicios ofrecidos en la UPR van en picada debido a recortes de presupuesto, durante la madrugada del 5 de marzo de 2010 sí había dinero para un gran operativo de seguridad que incluyó la activación del Task Force o la fuerza de choque de la Guardia Universitaria, la presencia de altos funcionarios del Recinto de Río Piedras como la Ayudante Especial de la Rectora, Daphne Domínguez y la contratación durante más de cinco horas de cuatro guaguas charter para transportar a los cadetes desde el estacionamiento del ROTC en la avenida Barbosa hasta el Complejo Deportivo. De la misma manera, el objetivo de todo este despliegue de seguridad no podía ser más que la represión violenta de una posible manifestación antimilitarista pues brillaron por su ausencia los miembros de la Junta Coordinadora de Seguridad, la cual se supone que sirva de mediadora en estos casos.

Al parecer también hay dinero en el presupuesto para aumentar el pago de la deuda de la UPR. ¿Quién se beneficia de esto si no los bancos que controlan las decisiones socioeconómicas del País? ¿Quién se beneficia del entrenamiento para la guerra si no la industria militar estadounidense que se lucra del violento imperialismo que ha destruido a miles de pueblos del mundo? ¿A quién le conviene la mala administración y la quiebra del sistema público de enseñanza si no a empresarios como Pepe Méndez, para quienes la educación es una mercancía (que entre menos cueste producir más ganancias les dejará) a tal nivel que hasta los tribunales puertorriqueños han advertido que son una amenaza para el País? ¿A quién le conviene que la administración universitaria asigne más fondos al desarrollo de programas de biotecnología, mientras deja que desaparezcan las disciplinas relacionadas a las humanidades, si no a aquellos que buscan mano de obra barata para la producción farmacéutica, con el beneficio adicional de la eventual desaparición de las artes que provocan el pensamiento crítico y alimentan la democracia?

Basta ya. No podemos permitir que la Universidad de Puerto Rico se convierta en otra herramienta más del capital para la represión del pueblo trabajador. Como personas que aspiramos a ser entes participativos en el mejoramiento de la sociedad, tenemos que estudiar y asegurarnos de que recibiremos educación integral de la más alta calidad, pues es eso lo que merece y necesita nuestro País. Es hora de que exijamos y practiquemos la autonomía que la ley le confirió a la universidad precisamente para evitar la intervención de unos pocos, pero poderosos agentes con intereses ajenos a los de la mayoría.

Tanto la Universidad de Puerto Rico como el País necesitan que todos y todas entremos en acción y nos organicemos para llevar a cabo iniciativas que tengan como objetivo la consecución de mayores poderes para la mayoría, la clase trabajadora que no está representada por los partidos tradicionales y los administradores que nos imponen. Estos sólo responden a esos grandes intereses que destruyen nuestra educación y nuestra calidad de vida. Para combatirlos, debemos construir un proceso creciente de denuncia, movilización y solidaridad que eventualmente derrote a los impostores del pueblo y nos permita adquirir el poder necesario para comenzar a cambiar el rumbo de nuestro País hacia uno más justo y democrático.